La primera de las medidas que proponen los API es una “fiscalidad favorable al arrendador sometido a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y al alquiler tradicional”. Y apuntan por ejemplo en el “momento de la venta de la vivienda, todo aquel que haya destinado su propiedad al alquiler LAU durante unos años determinados, podría tener una exención de la variación patrimonial en IRPF, total o parcial”. Y añaden que “también podría estudiarse distribuir el esfuerzo fiscal entre las administraciones, y así, al momento de la compra de la vivienda, las CCAA podrían reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, o su devolución parcial posterior, si el comprador acredita haberla destinado a alquiler tradicional durante un determinado tiempo. La acreditación del alquiler se haría solo con el depósito de las fianzas.”
El segundo punto que indican para impulsar la oferta en alquiler y moderar los precios es la aumentar la seguridad jurídica. Recuerdan estos profesionales que “junto a la ventaja fiscal, la otra razón que limita la oferta son los miedos de los arrendadores a no percibir su legítima renta, a sufrir daños en sus viviendas, o la demora en recuperar la posesión”. Y creen que a solución pasa sin duda por agilizar aún más los procesos judiciales de desahucios, en común acuerdo con las comunidades autónomas de las que dependen los recursos técnicos y humanos. Subrayan que la rapidez procesal que demandan “no es quitar garantías de defensa”.
El tercer aspecto que consideran clave es incrementar el parque público de viviendas para alquilar. Admiten los API que la oferta de vivienda pública es decisiva, aunque también reconocen que “es la solución más lenta, pues durante el proceso de recesión inmobiliaria y financiera desaparecieron por completo las grúas del sector público, y ya vamos tarde. E incide Galiano que hay que prestar una especial atención a los grandes tenedores de vivienda pública, “pues cuando la vivienda pierde su función social se convierte en un mero activo patrimonial objeto de negocio”. En vivienda pública no puede permitirse nunca la especulación”, subraya el presidente del Consejo General API. Igualmente, consideran necesario ampliar la duración del contrato del alquiler y regular las garantías adicionales para evitar excesos por parte de los caseros. Estiman que “a mayor duración del contrato mínimo obligatorio a 5 años dará más estabilidad familiar al inquilino, logrará que las viviendas se mantengan en el circuito de alquiler tradicional por más tiempo, y podrá combatirse así el incremento alocado de las rentas”. Y que del mismo modo “cabría poner límite equilibrado a las garantías adicionales a la fianza, evitando abusos de sobre fianzas desproporcionadas, y asegurar siempre la devolución de la misma al inquilino conforme a su fin legal”.
Añaden los API a sus propuestas la petición de un censo nacional de viviendas vacías, convencidos de que “ninguna medida podrá aplicarse si se desconoce la cuantía del objetivo y si no queda perfectamente definido el concepto de vivienda desocupada”. Ya que consideran que la información que ofrecen las empresas suministradoras y su cruce con las fianzas depositadas de alquiler, deberían dar una aproximación al volumen de vivienda vacía en este país. Y dan la pista de que “el control de todas las fianzas es sin duda el núcleo de la cuestión para obtener información y realizar análisis certeros”. Además, los agentes inmobiliarios apuestan por la profesionalidad en el sector, en la opinión de que es la mejor manera de proteger a los consumidores y usuarios en materia inmobiliaria. Juzgan preciso “poner orden y control en el sector de la intermediación y gestión inmobiliaria”, y piensan que este nuevo proyecto de ley de vivienda “parece una buena oportunidad para crear un marco jurídico y un registro obligatorio de agentes que reúnan las condiciones mínimas exigibles”. Creen que de la mayor profesionalización se beneficiaría el mercado de alquiler “pues los profesionales registrados deberían asumir obligaciones y responsabilidades como “preservar la seguridad jurídica en los arrendamientos”, garantizar el equilibrio entre casero e inquilino, asesorar durante toda la relación arrendaticia, depositar las fianzas y recuperarlas en su momento para mayor seguridad de su devolución al inquilino.